Entradas con la etiqueta ‘hipoteca’
Durante los últimos años, la mayoría de bancos y cajas de ahorro han modificado su modelo de negocio para adaptarse a los malos tiempos. La caída de los márgenes ha provocado el aumento de la oferta de otros productos con los que conseguir mantener los beneficios: seguros de vida y accidentes, renting, venta de vehículos y otros bienes, cobro de nuevas comisiones…etc. Uno de estos derivados financieros son los conocidos swap y las coberturas de tipos de interés, productos de alta complejidad en el sector financiero.
Su implantación en los particulares ha sido relativamente reciente. La banca minorista empezó a vender estos productos a partir del año 2003, aunque no sería hasta el 2005 cuando su uso se extendió como respuesta a la creciente subida de los principales indicadores de tipos de interés. Lo que muchos particulares desconocían era que aquel producto no era un simple seguro, sino un derivado financiero difícil de comprender –incluso dentro del sector bancario español, existían dudas sobre su funcionamiento.-
La base consistía en asegurar un interés fijo al contratante de un préstamo, hipotecario o de cualquier tipo. Ante subidas del tipo de interés de la hipoteca superiores al establecido por los swap, se le abonaba al cliente la diferencia entre el tipo de interés de su hipoteca y el fijado en la cobertura.
Todo marchaba bien. En tiempos en los que existía una gran desconfianza entre los bancos, el producto cumplía su función y devolvía los intereses que superaban lo pactado. La banca supo aprovechar la situación para colocar los swap en el mercado, de forma que blindaba las hipotecas ante la bajada de los tipos de interés, previendo su caída.
Y la bajada llegó. Desde finales del 2008, los tipos de interés comenzaron su particular caída libre. Quien veía en aquella noticia un motivo de alegría, corría a su banco a mirar las revisiones de hipoteca, no sin darse de bruces con la noticia de que debían pagar al banco una cantidad adicional. Las hipotecas se reducían, pero no el interés fijo pactado por en la cobertura. Ni siquiera era dinero que pudiera ser desgravado, ya que se establece de forma independiente al préstamo. Es el problema de la letra pequeña.
Como respuesta, los clientes han comenzado una batalla legal que tiene visos de durar mucho tiempo. Lo veíamos ayer jueves en el periódico El Mundo, que se hacía eco de la demanda colectiva interpuesta contra Caixa Galicia por ADICAE.
La asociación alega que los bancos no han informado correctamente a sus clientes, ofreciendo estos productos como si fueran pólizas de seguros, los cuales muestran muchas posibilidades de cancelación. De momento, algunos bancos ya han comenzado a dejar de ofrecer estos servicios por el miedo al rechazo de la opinión pública y a una sentencia que pueda crear jurisprudencia.
No eran pocos los rumores que alertaban sobre una nueva revisión del valor catastral por parte del Gobierno, una revisión que los municipios de Madrid, Castellón, Oviedo y Terrasa pidieron haciendo uso de la Ley del Catastro. Los propietarios de 4,2 millones de inmuebles pertenecientes a estos ayuntamientos tiemblan: una nueva subida de los impuestos relacionados con este valor podría agravar aún más la presión fiscal de estos últimos años.
Estas revisiones no son nuevas, ya que el valor catastral se utiliza por los ayuntamientos para la elaboración de la base imponible del IBI y otros impuestos. Sin embargo, su escasa actualización – según la ley, el plazo máximo es de diez años- hace que el golpe sea aún más duro si tenemos en cuenta la subida de precios en los inmuebles durante esta última década.
El fallo es el momento. En medio de una crisis que ha revolucionado los mercados, destruyendo empresas y generando unas cifras de paro por las nubes, la presión fiscal aprieta cada vez más. Según un informe del Consejo Económico y Social (CES) la recaudación por Impuesto de Bienes Inmuebles de los municipios ha subido un 22,8% en los tres últimos años. Se trata de casi el 20% de los ingresos que reciben los ayuntamientos, por lo que no es de extrañar que el más endeudado del país, Madrid con 7.300 millones de euros, haya sido uno de los primeros en pedir la revisión.
Sin embargo, habría que preguntarse por qué una ley general se aplica en distintas épocas en los ayuntamientos del país. Resulta evidente que esta revisión repercute en la situación de los contribuyentes afectados, que en época de bonanza habrían contado con más recursos con los que hacer frente a la subida. La decisión última queda en manos de la autoridad local, por lo que una ley que ha de aplicarse en todos los consistorios se traduce en una especie de “lotería”.








