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El pasado viernes Grupo Ciudadela se sumó a la celebración por parte del bufete Gómez Acebo & Pombo, que presentó su renovada oficina en el edificio de Gran Vía nº 49. Después de cuatro meses en obras, la nueva oficina pasa a tener 1.270 metros cuadrados, frente a los 500 metros cuadrados anteriores.
Se trata de la mejora de unas instalaciones en las que el bufete de abogados tiene su oficina desde hace seis años, una oficina en la que se ha llevado a cabo el asesoramiento jurídico de grandes empresas e instituciones – muchas de ellas, pertenecientes al IBEX35, EUROSTOXX 50, el DAX 30, el DOW JONES y el FTSE 100-. Entre los campos que abarca desde 1985, el bufete se ha especializado en derecho mercantil, propiedad intelectual e industrial, incluyendo derecho inmobiliario, urbanismo, medioambiente o fiscalidad.
A la inauguración asistieron personajes de la esfera pública como la Consellera de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat, Paula Sánchez de León o el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Aznar, entre otros.
Entre las aproximadamente 300 personas que asistieron, también estuvieron caras conocidas como el presidente del Levante U. D., Francisco Catalán o el consejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra.
En las nuevas instalaciones en el edificio de Grupo Ciudadela, Gómez Acebo & Pombo podrá ubicar a sus 35 profesionales , gracias a los 25 despachos entre otros espacios – como salas de reuniones, biblioteca, sala de actos o zonas diáfanas – con los que cuenta la oficina. Se trata de una de las muchas oficinas que gestiona la firma, que posee otras cinco oficinas en España, tres en el extranjero y más de 330 profesionales.
El edificio Gran Vía está situado en el nº 49 de la Gran Vía Marqués del Turia. Su situación privilegiada le confiere un marcado carácter comercial. El edificio cuenta con cuatro ascensores y un montacargas que dan servicio a sus ocho plantas de oficina y al sótano que está destinado al garaje. El servicio de conserjería es esmerado y el inmueble cuenta con vigilancia electrónica.
Eran muchos los que solicitaban la desaparición del Ministerio de Vivienda. En el marco de déficit que vive la administración pública, instituciones como el Banco Europeo o el Fondo Monetario Internacional habían instado al recorte presupuestario de nuestro gobierno, lo que al final ha derivado en la supresión de este ministerio junto con el de igualdad.
Su trayectoria ha sido más bien corta. Fue creado en el año 2004, con la misión de facilitar el acceso a la vivienda en los tiempos en los que la burbuja inmobiliaria aún no había estallado. Una de sus primeras medidas fue la polémica Renta Básica para la Emancipación, que daba ayudas a jóvenes de entre 22 y 30 años para el acceso al alquiler de viviendas a través de la Sociedad Pública de Alquiler.
La intención era buena; se pretendía potenciar el mercado del alquiler dando garantías a propietarios y a los arrendatarios. Sin embargo, su aplicación fue del todo desastrosa: mala gestión, retraso en las “ayudas” – que en un futuro habían de ser devueltas-, intermediación de las comunidades autónomas contrarias a su ejecución…etc. Y es que uno de los problemas más acuciantes de este ministerio eran las competencias, inexistentes en las autonomías.
El fin de las desgravaciones fiscales y la subida del IVA tampoco han dado alas a la ya ex -ministra Beatriz Corredor, que se ha visto de manos atadas frente a la política económica del gobierno. Pero nadie se olvida de los minipisos de 30m2 o de las zapatillas Kely-Finder. Cómo si no recordar la política comunicativa que ha llevado a cabo, en lo cual ha destacado sin duda alguna este ministerio.
A partir de ahora, todas sus competencias formarán parte del ministro de Fomento, José Blanco, que vuelve a contar con Beatriz Corredor al mando de la Secretaría de Estado de Vivienda.
Por el momento las valoraciones por parte del sector inmobiliario han llegado como agua bendita para el ejecutivo, que ve reforzada su actuación por la opinión positiva del las principales inmobiliarias del país. Habrá que ver cómo evoluciona.
No eran pocos los rumores que alertaban sobre una nueva revisión del valor catastral por parte del Gobierno, una revisión que los municipios de Madrid, Castellón, Oviedo y Terrasa pidieron haciendo uso de la Ley del Catastro. Los propietarios de 4,2 millones de inmuebles pertenecientes a estos ayuntamientos tiemblan: una nueva subida de los impuestos relacionados con este valor podría agravar aún más la presión fiscal de estos últimos años.
Estas revisiones no son nuevas, ya que el valor catastral se utiliza por los ayuntamientos para la elaboración de la base imponible del IBI y otros impuestos. Sin embargo, su escasa actualización – según la ley, el plazo máximo es de diez años- hace que el golpe sea aún más duro si tenemos en cuenta la subida de precios en los inmuebles durante esta última década.
El fallo es el momento. En medio de una crisis que ha revolucionado los mercados, destruyendo empresas y generando unas cifras de paro por las nubes, la presión fiscal aprieta cada vez más. Según un informe del Consejo Económico y Social (CES) la recaudación por Impuesto de Bienes Inmuebles de los municipios ha subido un 22,8% en los tres últimos años. Se trata de casi el 20% de los ingresos que reciben los ayuntamientos, por lo que no es de extrañar que el más endeudado del país, Madrid con 7.300 millones de euros, haya sido uno de los primeros en pedir la revisión.
Sin embargo, habría que preguntarse por qué una ley general se aplica en distintas épocas en los ayuntamientos del país. Resulta evidente que esta revisión repercute en la situación de los contribuyentes afectados, que en época de bonanza habrían contado con más recursos con los que hacer frente a la subida. La decisión última queda en manos de la autoridad local, por lo que una ley que ha de aplicarse en todos los consistorios se traduce en una especie de “lotería”.








